El Gobierno central quiere adaptar la normativa estatal a las nuevas exigencias que, según Bruselas, han de cumplir los primeros compradores de leche cruda de vaca en relación a las declaraciones obligatorias que marca la legislación de la UE. Para ello ha elaborado un proyecto de real decreto en el que, además de modificar las condiciones, aumenta la obligación de realizar esas declaraciones a otro tipo de leches : la ecológica, las producidas bajo denominaciones de orígenes o Indicaciones geográficas protegidas, o las de oveja y cabra. Al mismo tiempo también realiza una reorganización de las funciones que han de desempeñar la Agencia de información y Control Alimentarios (Aica), el Fondo Español e Garantía Agraria (Fega) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sobre ese proyecto de real decreto acaba de pronunciarse la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y su veredicto es claro: La propuesta «en principios es beneficiosa» para los productores agrarios y consumidores porque facilitarían una «mejor adaptación» a las fluctuaciones de precios de los productos agrícolas básicos y prevenir el desacoplamiento de precios entre las distintas fases de la cadena. Añade también que la nueva norma aportará información «sobre niveles o evolución de los precios a lo largo de la cadena alimentaria, lo que aumenta la presión sobre los operadores para que actúen más rápido a la hora de transmitir los precios». Pero este aval de Competencia al proyecto de real decreto tiene matices. Porque el informe emitido hace una llamada a la cautela al explicar que un «exceso de transparencia también puede favorecer comportamientos colusorios y reducir la presión competitiva entre operadores, por lo que es preciso adoptar las cautelas precisas». De ahí que resulte bastante importante mantener la confidencialidad de la información aportada para evitar recaer en ese tipo de prácticas.