El sector lácteo de Galicia enfrenta una situación crítica tras la implementación de nuevos contratos de recogida de leche que imponen una reducción generalizada de 8 céntimos por litro. Unións Agrarias ha advertido que esta medida, aplicada de forma unilateral y bajo presión, podría derivar en una caída de ingresos superior a los 186 millones de euros para el conjunto de la ganadería gallega, afectando directamente a las 4.893 explotaciones activas.
Para una explotación media con una producción de 450.000 kilos, esta caída de precios representa una disminución de aproximadamente 27.000 euros en sus ingresos anuales. Este golpe financiero llega en un contexto sumamente complejo, marcado por el incremento desorbitado de los costes de producción debido a conflictos internacionales, que han elevado el gasto en diésel (45%), fertilizantes (30%) y servicios agrícolas (15%), añadiendo un coste adicional estimado de 6 céntimos por litro.
La situación ha deteriorado significativamente la competitividad del sector gallego frente a otras comunidades autónomas. Actualmente, Galicia presenta diferenciales de precio respecto a Castilla y León y Asturias del 13,5% y 24,3%, respectivamente, relegando a la producción gallega al cuarto puesto a nivel nacional. La organización agraria denuncia que estas reducciones de precio no tienen justificación económica, dado que las queserías no han trasladado bajas en el precio de venta al público (PVP).
Además, Unións Agrarias señala un efecto contagio derivado de la entrada masiva de leche proveniente de Francia y Portugal a precios artificialmente bajos, lo que profundiza la crisis en la cadena de valor local. Ante este escenario, la entidad reclama una intervención contundente de las administraciones para frenar los abusos de las industrias y proteger la viabilidad de un pilar económico fundamental para la región.
El descontento es generalizado en el sector productivo, que ve amenazada su sostenibilidad a largo plazo. La organización subraya que los contratos impuestos violan la legislación vigente y exige medidas urgentes para revertir esta tendencia, evitando que la precaria situación financiera de los productores derive en un cierre masivo de explotaciones ganaderas en la comunidad.
Fuente: Interempresas
