Así lo han avanzado este martes 16 fuentes del bufete, que han destacado que contarán con el apoyo del despacho internacional Hausfeld, especializado en este tipo de procedimientos y que es conocido por su participación en las demandas contra Volkswagen por la manipulación de las emisiones de gases, entre otros casos.
Los responsables de Eskariam han precisado que esperan reunir a cerca de 2.000 ganaderos antes del próximo 11 de julio, cuando acaba el plazo para poder reclamar. No obstante, la denuncia -que se presentará ante un juzgado mercantil- no se resolverá previsiblemente hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el recurso presentado por las compañías afectadas, que niegan las acusaciones de Competencia.
LOS AFECTADOS PUEDEN RECLAMAR UN IMPORTE EQUIVALENTE A ENTRE EL 10 Y EL 12,5 % DE SU FACTURACIÓN EN ESOS TRECE AÑOS
Según sus datos, la mayoría de quienes se suman a la demanda son ganaderos procedentes de Galicia, Asturias y Castilla y León. Los responsables de Eskariam estiman que los afectados pueden reclamar un importe equivalente a entre el 10 y el 12,5 % de su facturación en esos trece años, por el perjuicio que les provocó que las compañías pactaran precios.
El caso se basa en la sanción impuesta en julio de 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al detectar que empresas y asociaciones del sector lácteo intercambiaron información para influir en los precios a pagar a los ganaderos entre los años 2000 y 2014 formando un cártel de la leche.
La investigación concluyó con una resolución en 2015 que sancionaba a las empresas con 88 millones de euros, aunque las compañías afectadas recurrieron y la Audiencia Nacional -que declinó entrar a analizar el fondo del asunto- ordenó retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a abril de 2014 por defectos de forma.
Por este motivo, Competencia revisó en 2019 el expediente y rebajó la sanción a 80 millones de euros, resolución que también ha sido recurrida en esta ocasión.
Capsa (21,8 millones), Danone (20,2 millones) Lactalis (11,6 millones), Industrias Lácteas de Granada (10,3 millones), Calidad Pascual (8,5 millones) y Nestlé (6,8 millones) son las grandes empresas sancionadas.
