Un fiscal general pidió la imputación de un dirigente y un delegado del gremio lechero Atilra por el bloqueo a Lácteos Vidal en la planta del barrio de Villa Devoto, suscitado entre julio y agosto del 2022. Si bien el conflicto se originó por un reclamo de recategorización para empleados de la planta de la localidad de Moctezuma, provincia de Buenos Aires, se trasladó a Capital Federal pocos días después, con manifestaciones frente a la fábrica de quesos. La causa penal había sido archivada por el fiscal de turno por “falta de pruebas”, sin embargo, se decidió la reactivación.
En el dictamen de revisión, el fiscal general Sergio Martín Lapadu, señala que el fiscal titular de la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas N°26, Luis Alcides Arnaudo, quien estaba a cargo de investigar la causa por “compulsión a la huelga y coacción”, había dispuesto “el archivo del legajo por falta de pruebas”. Desde entonces había pasado un año y medio.
Según explicó Florencia Arietto, abogada de la pyme, la decisión se originó porque se había perdido el sumario que estaba en la comisaría. “El fiscal Arnaudo tomó algunos testimonios, nosotros presentamos la querella, presentamos todo para facilitarle el trabajo al fiscal titular. Pasamos los videos donde se ve todo en la resolución de archivo”, enumeró. La letrada señaló que el fiscal dejó prescribir el legajo, pero ahora el fiscal general decidió la reactivación.
Es decir, con esto, el fiscal general Lapadu pide al fiscal titular Arnaudo la imputación de Ariel Héctor Sánchez, secretario del sindicato Atilra, y a Rafael Alberto Ale, empleado y delegado en “Lácteos Vidal S.A.”, por la conducta investigada. La abogada agregó que en las próximas horas, las personas involucradas deberían estar recibiendo la notificación.
“El que se ve en el video que tiene la campera de Atilra no se identifica como trabajador. Hicimos la investigación y descubrimos que es trabajador de otra firma [Lácteos Verónica]”, relató. Uno de los motivos por los que cree que se archivó el legajo, según la letrada, es porque “son delitos menores”. “Arnaudo fue negligente; al dejar pasar el plazo nos dejó sin herramientas, nos dejó prescribir el caso. Ahora, lo importante es que el delito está probado”, especificó.
Del nuevo dictamen se desprende que “existe consenso general respecto de que, en el mes de julio del año 2022, sindicalistas pertenecientes a Atilra comenzaron medidas de fuerza, en atención a un reclamo gremial que mantenían con la firma”. El conflicto se originó el 18 de julio del 2022, en la localidad bonaerense de Moctezuma, en Carlos Casares, donde también hizo guardia permanente un grupo de personas afiliadas al gremio que reclamaban, entre otras cosas, una recategorización para los empleados.
Luego de conocerse la decisión del fiscal general, Alejandra Bada Vázquez, dueña de la pyme, sostuvo que se trata de un “poquito de justicia”. Y añadió: “Esto me da esperanza, me da aliento, dan ganas de seguir trabajando. Me siento bien por mis empleados. Fueron dos meses de mucha angustia, de sufrimiento no solo para mi familia, sino para los trabajadores que querían ir a trabajar porque los amenazaban y apretaban. Es hora de que el mal sindicalismo entienda que los trabajadores tienen derecho de ser libres, que no son esclavos de un sindicalista mafioso, que se le ocurre ir y fundir una fábrica porque se quieren quedar con la fábrica”, dijo.
Vale recordar que hay tres causas: una laboral por el despido de los trabajadores; una penal en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, por las manifestaciones y supuestas amenazas contra los empleados en Moctezuma, y una penal en Capital Federal, por los bloqueos en Villa Devoto. Además, los dueños de la pyme llegaron a un acuerdo con 15 de los 29 que habían sido despedidos en Moctezuma, y que un juez obligaba a reincorporar.
“Esto es justicia. Lo que corresponde. Han cometido delitos y tienen que hacerse cargo de los delitos que cometieron. Es hora de que entiendan de que en la Argentina hay que respetar la propiedad privada y la libertad del trabajador que quiere ir a trabajar, que quiere ganarse el pan con la dignidad que le dan su esfuerzo y trabajo. Es hora de pensar que la Argentina cambió de rumbo, que ahora la gente quiere creer en el mérito nuevamente y que hay que trabajar para conseguir los bienes y el bienestar de ellos y su familia. Los empresarios están dispuestos a exigir que se respeten sus derechos, a la propiedad privada, a la contratación”, agregó la empresaria.
La otra causa penal
Por otra parte, el fiscal general Lapadu señala en dictamen que estima conducente que se libre oficio dirigido a la Fiscalía N°3 de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, para que remita ad effectum videndi [A efecto de tenerlo a la vista] las causas en las que se habría investigado un episodio similar entre Atilra y la planta de Moctezuma, Carlos Casares, perteneciente a la empresa “Lácteos Vidal S.A.”.
En septiembre pasado y según se desprende de la audiencia del Ministerio Público, el fiscal de la UFI, Martín Butti, citó a indagatoria a Diego Armando Alarcon, un delegado de Atilra, empleado de La Serenísima, por compulsión a la huelga en la causa caratulada: “Moreno, Gastón Emilios / Daño- Amenazas”. La medida de fuerza en esa localidad duró varios días en las inmediaciones de la planta.
“La mafia de Atilra está muy acostumbrada a que va y bloquea una planta láctea, hace lo quiere y no pasa nada. Mi abuela española decía que un día llueve y llueve y un día sale el sol. Quizás sea el momento en que empiece a salir el sol y entiendan que no pueden ir, romper todo, fundir una empresa, dejar un pueblo sin trabajo y no pasa nada. Es hora de que entiendan que la comisión de delitos tiene consecuencias”, resumió por último la empresaria.
