Desde hace 639 días, la pyme Lácteos Vidal lucha por mantener a flote su actividad frente a un gremio que, en numerosas ocasiones, a través de diferentes medidas de fuerza intentó paralizarla. Se trata de uno de los conflictos que preocupa al sector productivo en general y que mantiene en vilo al pueblo de Moctezuma, a 30 kilómetros de Carlos Casares, en donde está ubicada la empresa. “Todavía estamos sufriendo las consecuencias del ataque de Atilra”, dijo a LA NACION Alejandra Bada Vázquez, dueña de la firma, en referencia al conflicto con el sindicato.
Con el argumento de una falta de recategorización de empleados, el 19 de abril de 2022 Atilra comenzó a tomar una serie de medidas de fuerza que afectaron la actividad de la pyme, dejándola a un paso del quiebre. Bloqueos, amenazas y presiones, entre otras acciones, fueron algunas de las situaciones denunciadas por la compañía y enfrentadas también por algunos de los trabajadores. El conflicto volvió a cobrar visibilidad esta semana con un fallo judicial desfavorable para la empresa láctea en el que se desestimaron varios recursos presentados. Este veredicto reavivó la preocupación y generó malestar en el ámbito empresarial por la desprotección al sector productivo.
“Nos costó muchos meses recuperar la producción y a los clientes todavía no los pudimos recuperar a todos. Tuve muchos gastos en abogados, seguridad, en todo lo que devino del ataque. Hay policía en la fábrica. Todavía tengo el embargo de cinco millones de pesos a pedido de Atilra. Son muchas todas las pérdidas económicas que nos causaron”, dijo la empresaria.
Durante estos casi dos años, la empresaria ha luchado por mantener vivo el negocio de una firma que emplea directamente a 100 trabajadores. Fue en la madrugada de ese 18 de julio de 2022 cuando un grupo de trabajadores instaló una carpa en la puerta de la firma para iniciar un “bloqueo” que duró aproximadamente dos meses.
En esa jornada, según recordó ahora Bada Vázquez, no le permitieron encender la caldera de la empresa que sus padres, Idal Bada y su madre, Alicia Vázquez, habían fundado hace 50 años. De esta manera, se interrumpió la producción de quesos, dulce de leche, manteca y suero elaborados a partir del procesamiento de unos 60.000 litros de leche por día. La planta es de exportación a la Unión Europea; hacia allí se envía mozzarella. Además, se elabora leche en polvo para Bolivia y suero para China y Corea del Sur.
Además de la planta láctea, también bloquearon un establecimiento que la firma tiene en el barrio de Villa Devoto, en CABA. El gremio negó siempre que se haya tratado de un bloqueo y hablaba de “huelga”.
“No había ningún motivo para hacer un bloqueo, eso es un delito. Nunca hay motivo, pero tampoco hubieran tenido un motivo para hacer una huelga porque están todos los sueldos al día, todas las cargas sociales y las categorías, ya había dicho el Ministerio de Trabajo, que estaban bien”, expresó Vázquez.
La medida se hizo con “con la excusa de una nueva enmarcación de las categorías por antigüedad de los trabajadores”. A los dos días, el exMinisterio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria que luego de aproximadamente tres semanas venció y ahí fue que el sindicato volvió a proceder con la misma medida. El conflicto escaló aún más cuando, después de más de dos meses desde que comenzó el conflicto, la empresa despidió a 29 trabajadores que seguían adheridos a la metodología del gremio. La empresa no sólo enfrentó los embates del gremio, sino que tampoco sintió un acompañamiento total de la Justicia.
En este contexto, el caso comenzó a tomar visibilidad a nivel nacional y, en estos casi dos años, la firma recibió el apoyo de empresas del sector y políticos que se expresaron como Mauricio Macri y Patricia Bullrich. El 8 de julio de 2023 se realizó un abrazo simbólico en las puertas de la láctea en el que participaron productores, industriales, vecinos y familias de la cadena láctea.
La batalla en la Justicia ha sido intensa, y también las dificultades. Luego de las cesantías, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69, a cargo de José Ignacio Ramonet, emitió una medida cautelar prohibiendo los despidos por huelga y ordenando la reincorporación. Posteriormente suspendió la medida tras escuchar la defensa de la empresa. No obstante, ante la apelación de los trabajadores, vino un nuevo revés de la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo N°9 ordenó la ejecución de la medida cautelar a pesar de que existía un dictamen fiscal que afirmaba que la Cámara no debía tratar el recurso. En este contexto, se le ordenó a la empresaria pagar $290.000 por día, es decir, 10.000 pesos por persona si se demoraba.
Esa medida desató un fuerte malestar. Bajo el lema “No dejemos morir a Lácteos Vidal”, organizaciones empresariales y asociaciones de productores agropecuarios se acercaron en julio del año pasado al Juzgado de Trabajo N° 69 de la Capital Federal para manifestar su apoyo a la empresa y entregar un petitorio para que el magistrado revirtiera el fallo que afectaba a la láctea. En tanto, Lácteos Vidal apeló la decisión y realizó un gran número de presentaciones que fueron desestimadas por no estar prevista la apelación en el proceso sumarísimo. Ayer se conoció que la Cámara le denegó eso.
Frente a esa decisión judicial, la empresaria sostuvo: “Estoy cansada, desilusionada, agotada, aburrida y triste porque veo que no tienen en cuenta el sacrificio, lo que cuesta mantener una empresa viva. Es desgastante y me genera impotencia y me parece una injusticia, sobre todo por mis empleados que quisieron trabajar a pesar de estar amenazados, hostigados. Son ellos quienes pidieron que los despidan a los violentos. Genera mucha angustia de que ellos se enteren en los diarios de ver que todavía parte de la justicia laboral insiste con que reincorpore gente que les hizo daño, sobre todo a mis empleados”.
Esta decisión volvió a generar malestar en el sector. En un comunicado, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) expresó su solidaridad y rechazo a la medida. “Esta situación se presenta con el aval de jueces alejados de la realidad y del derecho. Una pyme de nuestro país es así abandonada por la Justicia, ante un reclamo gremial, que hace de los bloqueos un modus operandi para conseguir sus pretensiones”, dijo la entidad.
Según la asociación, el bloqueo sindical constituye un delito que atenta contra diversos derechos consagrados en la Constitución, como el libre ejercicio del comercio, la industria, el tránsito de personas y el trabajo. “Desde Apymel llamamos a la reflexión, tanto de las autoridades nacionales, como de aquellos funcionarios judiciales que legitiman a las medidas de acción directa, que generan un daño en aquellas pymes que ofrecen puestos de trabajo, siendo respetuosas de la ley y del orden público laboral”, remarcó.
“Nuestra asociada Lácteos Vidal en su larga trayectoria, en un marco total de respeto a la ley y los derechos de sus dependientes, ha sido víctima de una salvaje medida de fuerza, que excedió todos los parámetros de razonabilidad, desligitimándose de tal modo el accionar de la entidad sindical Atilra que la Justicia, lamentablemente, ha convalidado en una pronunciación judicial, que además de ser llamativamente controvertida, violenta y contraría a supremos valores constitucionales, violentando de esta forma, el correcto razonamiento jurídico, plasmado en el respeto a los principios de la sana crítica racional”, agregó.
