El sector lácteo colombiano lleva meses sumido en una de las crisis más profundas. Todo comenzó hace un año y medio en departamentos del sur del país como el Cauca, Nariño y Caquetá. Luego se extendió como una mancha de aceite. Caterine Marentes tiene 34 años y una pequeña parcela con cuatro vacas, que en su mejor momento producen unos 30 litros de leche diaria. Una cantidad que se trasvasa a las llamadas cantinas para que un carro o camión las recoja cada mañana en un acto reflejo tan maquinal como importante para la economía familiar. “A principios de 2023 la leche cruda estaba a un promedio de 1.900 pesos el litro (unos 46 centavos de dólar). Hoy tenemos leches de 800 o 1.000 pesos (19 a 24 centavos de dólar) porque la gente no tiene otra salida que entregarla al valor que le paguen”, se queja la productora de Cundinamarca, en el centro del país.
En Colombia hay, a grandes rasgos, entre 320.000 y 350.000 ganaderos en la industria láctea. Una buena parte se dedica exclusivamente a la producción de leche y otro tanto combina su actividad con el engorde de ganado para carne, en un formato que se denomina de “doble propósito”. Se trata de una división de la economía que ha presenciado la vertiginosa caída en el consumo de leche de 9% en 2022 y otro 6% el año pasado. La secuencia, que ya presagiaba un desajuste, se ha ensañado con las pequeñas y medianas explotaciones familiares que se las arreglan en hatos minúsculos con menos de 30 vacas (este segmento puede representar al 80% total del sector).
Hoy las alternativas se agotan y los excedentes quedan bajo la amenaza de desperdicio. “¿Qué más hacemos con la leche? ¡Ya no hay más forma de hacer queso porque los mercados están copados y la infraestructura para su comercialización es mucho más grande!”, zanja Marentes. Por su parte, los productores de países desarrollados como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea cuentan dentro de sus políticas agrarias con subvenciones y otras ventajas que abaratan el precio final. Por eso para las grandes empresas en Colombia resulta mejor, en general, importar que comprarle a los lecheros nacionales. Y para rematar, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos estableció que los aranceles a la leche importada irían disminuyendo gradualmente hasta llegar a cero en 2026. Con la Unión Europea se fijó la misma cláusula para 2028.
Resulta difícil comprender esta historia sin abordar el papel de la gran industria, en cabeza de firmas tradicionales como Alpina, Colanta, la Alquería o la suiza Nestlé. “El grado de concentración de mercado que tenemos es muy alto. Eso se traduce en un incremento desproporcionado de los precios en los puntos de venta al público, donde se puede encontrar bolsas de un litro de leche a 5.500 mil pesos (1,21 dólares, aproximadamente) en grandes superficies como el Éxito o Carulla, mientras al comprador se lo están negociando de 1.400 para abajo (unos 34 centavos de dólar)”, explica el ganadero Ramiro Camacho, de 75 años y 42 faenando una finca arruinada donde quedan “17 vacas que sacan dos canecas de leche diarias”.
Camacho, que ya puso en venta su parcela en la zona calurosa del Magdalena Medio, se queja del ninguneo del Gobierno: “A medida que las grandes empresas han incrementado la importación, han dejado de acopiar en las zonas del país donde, debido a las distancias y los problemas de infraestructura, tienen mayores costos”. Cita tres ejemplos: “La Alquería cerró el centro de acopio en Puerto Salgar (Cundinamarca), desde donde llevaba unos 35.000 litros de leche hasta Chía [a las afueras de Bogotá]. La Central Lechera de Manizales (Celema) cerró el centro de acopio en La Dorada (Caldas), con la misma capacidad de producción. Y Alpina abandonó un punto en el Caquetá donde compraba 400.000 litros”.
El ganadero anticipa que ante el silencio del Ejecutivo se organizarán plantones a mediados de septiembre en Bogotá. También propone una batería de medidas que incluye revisar los márgenes de ganancia a lo largo de la cadena de producción y comercialización para lograr prácticas comerciales más justas: “Para las grandes compañías hoy es más fácil traer un camión con 30 toneladas de leche en polvo importada desde los puertos de Buenaventura o Barranquilla y terminar el proceso en sus plantas con una manguera y 8.500 litros de agua”.
Andrea Ríos, jefe de estudios macroeconómicos en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), agrega que, por si fuera poco, los bandazos climáticos no ayudan para nada: “Para los agricultores colombianos es muy caro producir. Hacen falta subsidios. Los insumos, los abonos, los fertilizantes, después de todo lo que ha pasado en las cadenas globales de valor, son más costosos. Por eso para los agricultores campesinos, e incluso para algunos grandes empresarios, también es difícil competir con productos importados más baratos”.
Una sumatoria de líos sin una respuesta fácil y que impiden hallar algo de claridad de cara al futuro para el sector lácteo colombiano. Caterine Marentes reafirma que se trata de un campo abierto a todo tipo de prácticas comerciales nebulosas. Cuenta que ha recorrido campos y veredas de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, donde gigantes como Alpina o la Alquería han implementado lo que los agricultores han bautizado como el “pico y placa”, u otra suerte de restricciones para recolectar cada vez menos cantinas. “Los intermediarios y las grandes industrias han informado a través de cartas, en los mejores casos, que no van a recoger la leche en las fincas de difícil acceso, donde los productores están padeciendo las peores consecuencias por los precios”, se lamenta.
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