El histórico conflicto comercial entre Costa Rica y Panamá ha entrado en una fase de máxima tensión política. Durante la celebración del Día del Agricultor en Cartago, la presidenta costarricense, Laura Fernández, anunció que el diferendo ha superado los canales técnicos del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y ordenó formalmente a la Cancillería activar mecanismos de diplomacia internacional y medidas de fuerza política ante el persistente bloqueo de la frontera panameña a los productos agropecuarios locales.
La medida busca blindar de forma directa a los productores nacionales de papa, cebolla, piña, banano y, de manera muy particular, a las cooperativas e industrias del sector de ganadería de carne y leche, que se consolidan como los eslabones más castigados por las restricciones del gobierno panameño.
El origen del conflicto: Barreras sanitarias como escudo comercial
El litigio comercial se remonta al período entre 2019 y 2020, cuando Panamá suspendió de forma unilateral los permisos de importación a una canasta crítica de alimentos costarricenses.
En el caso específico de la cadena láctea, las autoridades panameñas implementaron una estrategia de trabas burocráticas: se negaron a renovar las aprobaciones sanitarias de las plantas de procesamiento costarricenses y exigieron reiniciar los complejos trámites de auditoría desde cero, paralizando por completo el flujo de leche fluida, polvos, quesos y embutidos hacia su mercado interno.
Panamá justificó estas medidas alegando supuestos riesgos fitosanitarios, el uso de plaguicidas y una presunta falta de pruebas científicas por parte de Costa Rica. Sin embargo, en la práctica, el sector costarricense denunció las medidas como barreras comerciales injustificadas destinadas a proteger a la industria láctea panameña de la alta competitividad y escala de su vecino.
El fallo de la OMC y la “táctica del vacío” ejercida por Panamá
En junio de 2021, Costa Rica elevó el caso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Tras años de audiencias técnicas respaldadas por el Servicio Fitosanitario del Estado, el tribunal internacional emitió a finales de 2024 un dictamen contundente a favor de Costa Rica:
Resolución de la OMC: El Grupo Especial determinó que las restricciones impuestas por Panamá “no están basadas en principios científicos y se mantienen sin testimonios científicos suficientes”, ordenando al país vecino adecuar sus políticas de inmediato al Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
A pesar del contundente fallo adverso, el gobierno de Panamá ejecutó una maniobra legal para dilatar la apertura: a inicios de 2025 acudió a la segunda instancia de apelaciones de la OMC.
El problema de fondo es que este comité de apelación se encuentra desarticulado y sin jueces nombrados a nivel global desde hace años, lo que genera un vacío legal donde los casos apelados entran en un “limbo institucional” permanente. Al rechazar además las propuestas de arbitraje y soluciones consensuadas que ofreció San José, Panamá logró que la sentencia de la OMC quede inaplicable en la práctica, manteniendo las fronteras cerradas hasta el día de hoy.
Impacto en los márgenes de la cuenca costarricense
Para la lechería de Costa Rica —reconocida por sus altos niveles de tecnificación y su superávit productivo que históricamente busca mercados de exportación en el istmo—, el mercado panameño representaba un destino natural, de alta cercanía logística y con atractivos márgenes en dólares.
La persistencia de este bloqueo por más de seis años ha obligado a las industrias y cooperativas nacionales a redirigir sus excedentes hacia el mercado interno o a buscar nichos alternativos en el Caribe y Norteamérica. Ante la falta de avances técnicos, la orden de la presidenta Fernández marca un cambio de estrategia hacia la presión geopolítica, advirtiendo que Costa Rica no consentirá más desequilibrios comerciales en la región.
Fuente: El Observador
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