La histórica disputa comercial entre Panamá y Costa Rica ha entrado en una fase de “puntos suspensivos” tras la reciente apelación presentada por la nación canalera ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). A pesar de que un grupo arbitral falló a favor de San José en diciembre de 2024, las autoridades panameñas han decidido agotar las instancias legales para sostener las restricciones impuestas a los productos lácteos y cárnicos ticos, bajo el argumento de defensa de la soberanía sanitaria y reciprocidad comercial.

El conflicto, que escaló significativamente en junio de 2020 cuando Panamá inhabilitó 26 plantas procesadoras de Costa Rica, tiene sus raíces en una serie de tensiones de baja intensidad que se remontan a 2011. En ese entonces, Costa Rica frenó exportaciones avícolas panameñas, marcando el inicio de una serie de reclamos mutuos. Para 2019, Panamá endureció su postura exigiendo análisis de riesgo específicos, detectando diferencias críticas en los protocolos de sanidad animal, como el manejo de la brucelosis y el procesamiento de quesos crudos, factores que el sector ganadero panameño califica como riesgos de salud pública no negociables.