El Gobierno nacional oficializó este 12 de junio la eliminación del Registro de Operadores Lácteos, un esquema de control que funcionaba desde hace casi dos décadas sobre la actividad industrial y comercial de la cadena láctea argentina.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 81/2026 y forma parte del proceso de desregulación y simplificación administrativa impulsado por el Ejecutivo nacional.
Con esta decisión quedan derogadas las resoluciones 109 y 1621, implementadas originalmente en 2006 por la entonces Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), organismo que había creado el padrón para supervisar a empresas y operadores vinculados a la industrialización y comercialización de leche, derivados y subproductos lácteos.
Según argumentó el Gobierno, el registro había perdido funcionalidad práctica y ya no contaba con herramientas legales ni operativas para cumplir tareas efectivas de fiscalización y sanción.
Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que el sistema terminó funcionando de manera meramente declarativa, sin capacidad real de control ni seguimiento sobre la actividad del sector.
“Mantener vigente una estructura sin capacidad efectiva de fiscalización representaba una carga administrativa innecesaria”, sostuvieron desde el Ejecutivo.
Menos burocracia y debate sobre controles
La eliminación del Registro de Operadores Lácteos se enmarca en la estrategia oficial de reducir burocracia, simplificar procesos y disminuir costos administrativos tanto para el Estado como para las empresas.
Dentro del sector privado, algunos actores interpretan la medida como una señal favorable para mejorar la competitividad y agilizar trámites que históricamente implicaban tiempo y costos adicionales para industrias y operadores comerciales.
Sin embargo, otros referentes advierten que la reducción de controles tradicionales debería complementarse con sistemas modernos de trazabilidad, transparencia comercial y acceso a información confiable para toda la cadena.
La discusión vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates históricos de la agroindustria argentina: cuál debe ser el equilibrio entre regulación estatal y libertad operativa para fomentar inversiones, eficiencia y desarrollo productivo.
Impacto en una cadena en transformación
La decisión llega en un momento de fuertes transformaciones para la lechería argentina, marcada por desafíos vinculados a rentabilidad, costos de producción, modernización tecnológica y competitividad exportadora.
En los últimos meses, distintos sectores de la cadena vienen reclamando menor presión burocrática, mayor previsibilidad y reglas más simples para incentivar inversiones y crecimiento.
La eliminación de este histórico registro abre ahora una nueva etapa para la actividad, donde el foco estará puesto en verificar si la simplificación administrativa logra traducirse en mayor eficiencia sin afectar la transparencia y el funcionamiento comercial del sector.
Para una cadena estratégica que genera empleo, valor agregado y exportaciones, el impacto real de estas medidas será seguido de cerca por productores, industrias, cooperativas y mercados.
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